¡Los odontólogos decimos basta a las obras sociales y prepagas!

Luego de haber intentado, infructuosamente y a través de distintas instituciones, mediar ante las Obras Sociales y empresas de medicina Prepaga, este Colegio, amparado en el artículo 5 inc. 1,3,4 y 5 de la ley 12754, insta a sus matriculados a NO realizar prácticas profesionales mediante obras sociales y prepagas que no cumplan con los aranceles mínimos legales estipulados por el COSUCOBA. Ya que, de ninguna manera, contemplan el costo agregado del equipo de protección tanto para el profesional como para el paciente, indispensable en esta pandemia y que, al día de hoy, tiene un costo aproximado de $1000.

Si las obras sociales y prepagas no adecúan los aranceles al mínimo legal estipulado; ni contemplan la situación de emergencia sanitaria, el odontólogo se verá obligado a cobrar dichos insumos o, en su defecto, derivar al paciente al sistema de salud público. 

Recordemos que en el mes de enero esta institución, a través de la resolución 01/2020 votada por el Consejo Directivo Distrital, ya había expuesto la problemática arancelaria que hacía insostenible la práctica profesional con aranceles paupérrimos. El desarrollo de la pandemia Covid19 pone en jaque a nuestra profesión y profundiza, aún más, la problemática que ya veníamos exponiendo.

Por tanto, este Colegio resuelve instar a las instituciones que celebran los contratos con obras sociales y a los profesionales que firman contratos directos con prepagas u obras sociales, los que en ningún caso son registrados en este Colegio como lo indica la ley, a suspender la atención hasta que como profesionales odontólogos no se nos aseguren los aranceles mínimos legales y los costos agregados para la protección Covid19.

El incumplimiento de la obligación registral de los contratos y la denigración de los aranceles percibidos no hacen más que empujarnos a una mala praxis, exponiendo al profesional odontólogo (claro vector) y a la comunidad.  Sostenemos que en este momento la atención debe reducirse a la contención de urgencias y emergencias, pero siempre que se cuente con la protección adecuada, según las normas vigentes, para contribuir a que no colapse la guardia del sector público. La realidad es que con los aranceles que percibimos esto es inviable.

 El Colegio debe asegurar el cumplimiento de la ley y los profesionales e instituciones intermediarias deben acompañar para lograr EJERCER NUESTRA PROFESIÓN DE MANERA DIGNA Y RESPONSABLE.                                                                                                           

MESA DIRECTIVA COPBAD4